| El
ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo continuará
libre mientras se define el proceso de extradición
iniciado en su contra en el Juzgado Decimoctavo del Distrito
de Procesos Penales, a petición del Ministerio Público
(MP) guatemalteco. Así lo decidió el Juzgado
Quinto en Materia de Amparo del Distrito Federal, México.
Los
abogados del ex mandatario convencieron al juez mexicano Rafael
Zamudio Arias para que dejara sin efecto la orden de captura.
Ellos argumentaron que se violaba su derecho a la libre locomoción
en ese país, y que el delito de peculado por el cual
se le emprendió un proceso en Guatemala no representa
peligro alguno para no obtener una fianza.
El
MP de Guatemala, por su parte, señala que el proceso
de extradición de Portillo continúa en los juzgados
de México, donde se debe resolver si la petición
procede o no. De ser favorable, se enviará el expediente
con la decisión a la Cancillería mexicana, donde
se obtendrá la última respuesta.
Mientras esta situación no sea resuelta en definitiva,
el ex mandatario asistirá al Juzgado Quinto en Materia
de Amparo, del Distrito Federal, a firmar el libro de asistencia.
Reaparece
Sin rasurar, con otro peinado y sin bigote reapareció
1 año y 9 meses después el ex mandatario Portillo
ante la prensa. Acudió a firmar el libro de asistencia
a la Judicatura mexicana, donde el se le impuso una fianza
de ÚSALO mil para evitar la cárcel mientras
se realizan los trámites de extradición...
Al
salir, se negó a dar declaraciones sobre el expediente
que dijo consta de 97 páginas. “Estoy sometido
a los tribunales mexicanos, en los cuales creo, porque en
México hay independencia de poderes y Estado de Derecho.
Si el MP demuestra lo que dice, pues que funcione la extradición”,
indicó.
Aseguró
que debió salir de Guatemala, pues no existían
las condiciones adecuadas para continuar allí, y ejemplificó
el caso del ex vicepresidente Juan Francisco Reyes y ex ministro
de Finanzas Eduardo Weymann.
“Claro
que no confío, ni confío en el Poder Judicial,
ni confío en los medios de comunicación de Guatemala,
porque intimidan a las autoridades judiciales. Si ponen un
juez (para su caso), se enferma; si ponen una jueza (sic),
es solo para que dicte una resolución y luego la mandan
a su casa”, resaltó.
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