Por: Carolina Vásquez Araya
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La mujer no sólo es víctima del abuso y la violencia por parte de su pareja, sino también de la intolerancia de muchas de sus congéneres quienes han absorbido, en mayor o menor medida, los rígidos preceptos de la sociedad patriarcal en que viven, reproduciéndolos en sus propios hijos.

Esta actitud se refleja en el estudio publicado en la edición de Prensa Libre del domingo 17 de septiembre, en el cual se puede observar el altísimo porcentaje de mujeres víctimas del abuso de poder -físico o económico- de su pareja y cuántas aún consideran su deber mantener una actitud de obediencia y sumisión.
El tema no es fácil ni agradable, pero es una obligación de todos los integrantes conscientes de la sociedad debatirlo y analizar todas sus posibles variantes. Sólo de esta manera se podrán realizar los cambios necesarios para construir una relación más justa y equitativa entre seres humanos, con los mismos derechos y responsabilidades.

La situación de menoscabo experimentada por la mujer guatemalteca, en especial por la mujer indígena, pobre y analfabeta, representa una vergüenza para todos los ciudadanos y un estigma para el país.

Pero también la violencia, la discriminación y la negación de derechos es ejercida en contra de millares de mujeres de clase media y alta, sean profesionales, amas de casa, obreras o estudiantes y cuya condición de género es un impedimento para desarrollar una vida plena y feliz, libre de prejuicios y amenazas.

Los números son contundentes: el 70 por ciento de los hombres guatemaltecos prefiere que la mujer se quede en casa y, como hasta hace poco la ley especificaba que una mujer casada no podía trabajar sin permiso del marido, muchas aún creen que su pareja tiene el derecho de impedírselo, así como creen que el hombre es superior (39%) y que la mujer es la única responsable de cuidar a los hijos, hacer la comida y limpiar la casa (94%).

Esta percepción de sí misma constituye una prisión construida durante generaciones por un sistema patriarcal hermético, el cual no ha dejado resquicios por donde pueda filtrarse un poco de libertad.

De hecho, el actual Congreso de la República con su aplastante mayoría masculina, impide cualquier intento por cambiar leyes sexistas, por eliminar obstáculos que impiden un trato igualitario, por tipificar delitos como el acoso sexual y otros derivados de la violencia contra la mujer y, con la abierta complicidad de los partidos políticos, entorpece cualquier intento por lograr una representación femenina más amplia en las instancias políticas.

La violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales y los asesinatos de mujeres son la consecuencia natural de esta actitud machista, torpe y contraria a los postulados de la democracia.