Allá por el año de 1967 en el seno de las Naciones Unidas, acordaron firmar un tratado internacional en el cual, se les daba protección especial de Refugiados a todas aquellas personas que huían de sus países de origen. Los requisitos que habían de presentar los solicitantes eran únicamente demostrar que huían a consecuencias de las guerras, o por que sufrían de persecución política.
En Estados Unidos, ese compromiso se convirtió en Ley de Estado en 1,968, bajo el nombre de Acta de Refugiados. Dicha ley, reempla-zaba un sistema muy anticuado y con ella, los legisladores establecieron un programa amplio de admisiones para los extranjeros en este país que buscaban asilo. En consecuencia, con esta nueva legislación tanto refugiados como asilados, gozan hoy en día de un estatus especial que les permite vivir con ciertos beneficios en este país.
De modo que con la aprobación del Acta de Refugiados, se abrió la oportunidad para miles de extranjeros que vivían en los Estados Unidos ilegalmente, especialmente a todos aquellos indocumentados que venían de países considerados conflictivos, tal era el caso de Guatemala.
Orígenes de la Demanda ABC
Durante los años 87,88 y 89, respectivamente, el Servicio de Migración no aceptaba las solicitudes de asilo de ciudadanos guatemaltecos, argumentando que en dicho país no había persecución política ni existía guerra interna. Fue entonces cuando las iglesias Bautistas Americanas entablaron en una Corte Federal, la demanda colectiva en favor de guatemaltecos y salvadoreños, conocida como ABC. Los demandantes documentaron los acotencimientos bélicos que tomaron lugar en Guatemala, desde el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1,955 y la secuela de muertes y desapariciones que se vivía en el país hasta el año de 1990. Al final, el juez encontró culpable al Servicio de Migración de no darles la oportunidad a los guatemaltecos para que sometieran sus solicitudes de asilo y revisarlas de forma justa.
Desde entonces, miles de connacionales que llegaron a los Estados Unidos antes del 1 de octubre de 1990, se ampararon bajo la demanda ABC, y la misma les ha permitido vivir temporalmente legal en el país. Por su parte, el Servicio de Migración les ha venido otorgando un permiso de trabajo, renovable cada año, amen de otros beneficios tales como licencias de conducir.
Se calcula que unos 300 mil guatemaltecos aun están amparados bajo el proceso de asilo y si bien es cierto gozan de los beneficios antes expuestos, un alto porcentaje se encuentra en un verdadero limbo legal y expuestos a la deportación.
Y es que a pesar de las denuncias presentadas por Guatemala en USA sobre la repercusión negativa que tendría la firma de la paz, para los miles de guatemaltecos amparados bajo el programa de asilo; tanto el gobierno de Guatemala, la Comisión de Paz y los representantes de la URNG, se hicieron de la vista gorda.
En la actualidad, centenares de compatriotas están perdiendo sus casos de asilo y puestos en procesos de deportación, gracias a la miopía política del entonces presidente Alvaro Arzu, quien firmo la paz con los terroristas, sin tomar en cuenta a los refugiados en los Estados Unidos.
El problema es muy serio con consecuencias nefastas no solo para los guatemaltecos que viven aquí bajo un caso de asilo, sino también, para la economía de Guatemala. Y no es para menos, al perder estos el derecho de vivir legalmente aquí, se convertirán en delincuentes en vías de deportaciones y serán estos mismos los que no tardarán de engrosar las filas de desempleados a su regreso en Guatemala.
Que Dios nos agarre confesados.